lunes, 7 de septiembre de 2009

CEP: SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

LOS VOTANTES PERDIDOS
Por Jorge Gómez Arismendi
Los resultados de la encuesta CEP julio-agosto no aportan nada nuevo, excepto –y de forma involuntaria- que el número de gente que no votará por nadie está aumentando.
Cifras más cifras menos, millones más o millones menos en campaña, el escenario político parece no alterarse mayormente. Las intenciones de la gente parecen estáticas, y los candidatos parecen no ganar adeptos –a pesar de la cantidad de dinero gastado, carteles pegados y spot grabados- sino más bien conservar los ya adquiridos.
El votante chileno es conservador, no es innovador ni muy variable. Sin embargo, hay un fenómeno que ninguna encuesta, incluida la CEP, quiere mostrar, aunque es patente, el aumento de gente que no votará por nadie, ya sea por no estar inscrito o porque nadie lo convence.
Y no quieren decirlo ni mostrarlo porque el efecto sería arrollador. Sí, porque la gente aún cuando vota de manera conservadora o rígida, es susceptible ante ciertos mensajes. Y decir que aumentan los que no votan por nadie, es un mensaje es claro: no son pocos los que consideran que la clase política no está a la altura…
Probablemente muchos ciudadanos opinan eso, en sus casas, en sus trabajos, en los asados, en la sobremesa. Y sin embargo, probablemente votarán por algún candidato, simplemente porque asumen -inconscientemente- que eso es lo lógico. No votar es un desperdicio, una irracionalidad.
¿Y si varios lo hacen? ¿Están todos locos? No necesariamente. Probablemente varios ya hacen un diagnóstico del entorno político, libre del fervor ideológico-partidario, o de la errada exaltación cívica que indica que lo bueno es votar por lo que hay (algunos votan por x candidato, más por una mal entendida obligación cívica que por convicción política).
Si uno analiza los resultados de la CEP y más aún, cree en ellos, prácticamente no hay alteraciones en las preferencias de los electores. Si entendemos la política como convencimiento del otro ¿Qué clase de políticos son éstos, que no convencen a nadie? ¿Realmente hacen política?
Quizás por eso, el número de gente que no votará por nadie crece silenciosamente mientras son más los que ven el acto de votar por nadie como algo válido y razonable. Porque no hay política.
Por eso, quienes necesitan de la legitimidad del ciudadano a través de su voto, le ofrecen poder desesperadamente, en campañas de TV, en radios, en carteles y gigantografías publicitarias, como si fueran consumidores. Pero no hay política ¿Publicidad engañosa entonces?
Los ciudadanos comienzan a darse cuenta que no hay política, sino otra cosa extraña.
Por eso, los resultados de la encuesta CEP julio-agosto no aportan nada nuevo, excepto –y de forma involuntaria- que el número de gente que no votará por nadie está aumentando calladamente. Esa es la verdadera revolución silenciosa.
LO QUE DEMOSTRÓ LA CEP
Por Jorge Montecino
La encuesta CEP, reflejo con sus resultados, dos aspectos claves para entender la política en Chile: Uno, que los límites del poder se mantienen claramente definidos. Dos, el alcance del discurso público, para capturar los votos necesarios para reproducir el poder.
La encuesta CEP, por una parte, confirmó que el sillón presidencial, no tendrá sobresaltos y todo se resolverá, manteniendo el Status Quo, entre el ex Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle y el empresario Sebastián Piñera. Las posibilidades de MEO, se postergan y su porcentaje electoral de la primera vuelta, servirá como base de negociación por cuotas especificas de poder, y por tanto, busca mantener los limites del poder, dentro del margen establecido por la clase política a la cual pertenece.
Contrariamente como algunos suponen, el camino electoral de MEO, no es la contienda electoral de diciembre. Realmente busca capturar ciertas franjas del electorado desencantados de los bloques mayoritarios (Concertación y Alianza) para futuros desafíos electorales.
¿Qué ocurre con la incertidumbre de la competencia política?
La clase política curiosamente postergó la inscripción automática y el voto voluntario, y con ello disminuyó notoriamente la incertidumbre y la sorpresa electoral en la competitividad por el poder. Los votantes de diciembre, mantendrán su número casi invariable, respecto de las últimas elecciones presidenciales. Vale decir, la torta electoral es la misma. La competencia se concentra en quién es capaz de “acarrear más votantes” el día de la elección.
Ello es tan cierto, por que además, el electorado se presenta dividido en dos. (La disputa del SI y el NO, que viene del año 1988). En tal escenario, los sectores indecisos y desencantados, son en definitiva quienes pueden decir el poder. Sobre estos sectores recae el “bombardeo” de la propaganda política, otorgándoles trato de “clientes”, a ser capturados de cualquier forma. Es la confirmación del Marketing electoral que no tiene límite en el gasto (campañas millonarias) ni en su acción. (Importa el voto, y no el contenido)
Mientra ello ocurre, millones de personas con derecho a voto, no sufragan por no estar inscritos, sobre todo los jóvenes. Crecen los niveles de apatía, desinterés por los asuntos públicos y el desencanto por la política. Ante tal situación, el mercado reemplaza la participación que la política no permite.
¿A quién beneficia esta situación?
Lamentablemente, los más beneficiados, son aquellos sectores que buscan la reproducción del poder por el poder. Ansiosos de seguir disfrutando los beneficios de administrar el poder en cualquier nivel, desechan cualquier cambio, por que ello podría significar la perdida de su bienestar.
La política como acción pública.
La política requiere ser reivindicada como una noble acción pública, que beneficia al conjunto de la comunidad política. Para ello se hace urgente, nuevos diálogos entre gobernantes y ciudadanos. Además, implica nuevas miradas, para nuevos problemas. Uno de ellos, es la reproducción de la elite política, y la renovación de las autoridades en el país. Sin embargo, ello no será posible, al menos en la próxima elección presidencial. Los ciudadanos deberán seguir esperando.

domingo, 23 de agosto de 2009

Guerra de papeles en el Congreso

CANIBALISMO ELECTORAL EN EL CONGRESO NACIONAL
Por Jorge Montecino
La política se vulgariza y pierde todo contenido, en las propias manos de quienes debieran ponderarla. Surge el “canibalismo electoral” que implica obtener votos y preferencias electorales, a cualquier precio.
El lanzamiento mutuo de un papel (Un Supuesto Decreto) entre el Ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma y el Diputado UDI, Gonzalo Arenas, en pleno Congreso Nacional, demuestra el deterioro de la calidad de la acción política en el país.
Dicha situación se complementa con otras conductas igualmente repudiables que involucra a la clase política. Recordemos las oficinas parlamentarias en casa de amigos; la utilización de vehículos fiscales en actividades privadas de Ministros y Subsecretarios; la utilización del cargo para burlar las reglas del transito, e incluso la presión sobre agentes del Estado, para no ser multado. Todos aspectos que aparecen como una práctica casi habitual entre funcionarios políticos.
Está cierta impunidad, curiosamente es copiada por otros actores, como es el caso de algunos candidatos políticos, que sin mediar responsabilidad alguna, y amparados en algunos vacíos legales, copan los espacios públicos con propaganda electoral, mucho antes que comience el plazo legal que les otorga la Ley.
¿Qué está ocurriendo con los servidores públicos?
Asistimos al deterioro de la ética pública y las buenas costumbres, así como el respeto y la diversidad de conductas entre actores públicos. Vale decir, la acción política, como un bien público, se agota y surge el “canibalismo electoral” que implica obtener votos y preferencias electorales, a cualquier precio, no importando en demasiado, el costo que esto implique.
La inmediatez por la captura de los votos o por sacar ventajas electorales sobre el adversario político, es una práctica nociva para el sistema político. Esto ocurre por qué los candidatos y partidos políticos, requieren obtener votos, no importando en demasiado los contenidos programáticos. El “mercado electoral” exige cuotas determinadas de votos. Para ello algunos están dispuestos a obtenerlas sin mediar consecuencias.
Dichas acciones se concentran principalmente pensando en aquellos sectores llamados electoralmente “indecisos”, que votan o dejan de votar, ante cualquier situación mediática, por muy particular que resulte.
En un año electoral, estrecho, en cuyo efecto, el poder pudiera resolverse por miles de votos, los escándalos mediáticos, por pequeño que parezcan suman “votos indecisos”, a las preferencias de quienes le saquen mejor provecho. Además, en un país electoralmente dividido, la propaganda de las campañas, está dirigido a los sectores que no tienen sus preferencias políticas resueltas. Vale decir, reciben el “Bombardeo Electoral” de casi todos los candidatos.
Esta práctica promueve que la política se vulgarice y pierda todo contenido, en las propias manos de quienes debieran ponderarla, como una de las acciones más nobles de la sociedad. Lamentablemente lo que distingue la política de otros aspectos públicos, se pierde. Tal vez, es lo verdaderamente importante del incidente entre él Ministro y él Diputado. De lo demás, poco se sabe.
EL FIN DE LA VIRTUD
Por Jorge Andrés Gómez Arismendi
El episodio entre representantes de dos poderes del Estado sólo muestra que la virtud (el arete), aquello que tanto valoraban los griegos, está desaparecida.
Para Aristóteles, el político, según su apetito recto, relacionado con las virtudes humanas, desarrolla la virtud en el aspecto práctico, pues conoce para obrar bien. Ese es su fin último, el bien común de la polis, por tanto ejerce su poder en forma racional sobre la polis.
“Poder se dice también de la facultad de hacer bien alguna cosa o de hacerla en virtud de su voluntad” (Aristóteles, 2000: 149).
La política debe ser conocida por quienes practican apetitos rectos, deben tener ética, que es parte de la filosofía práctica, junto a la política y la economía.
Según Aristóteles quien legisla y gobierna debe volcar su virtud, su conocimiento hacía la praxis, para ser un buen ciudadano y generar el bien común. Por eso el ideal de gobierno de Aristóteles es la aristocracia o el gobierno de los virtuosos.
Por lo mismo, Aristóteles justifica el poder ejercido por los aristócratas políticos, quienes serían los más virtuosos de la polis y los únicos capaces de obrar según la virtud, el bien obrar, y las virtudes máximas, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia.
Pero ¿Se cumplen hoy día esas premisas? Al parecer no. Los hechos lo demuestran claramente.
La guerra de papeles entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y el diputado Arenas en plena sesión del Congreso donde se interpelaba al representante del Ejecutivo por la situación en la Araucanía, son sólo otro ejemplo de este claro debilitamiento y la degradación de la “aristocracia”.
Pero esta semana hemos tenido otras dos muestras de que el arete (la virtud) se perdió en gran medida con: las declaraciones de Evelyn Matthei en cuanto al mal uso de asignaciones parlamentarias; y el uso de vehículos fiscales para un acto de campaña de Eduardo Frei.
Así, y como diciendo, si todos lo hacen es normal y correcto, sin ningún tipo de vergüenza –y más bien como una justificación- Evelyn Matthei declaró que lo que se le acusa a la diputada Claudia Nogueira (UDI) –mal uso de recursos públicos y asignaciones parlamentarias- es una práctica generalizada, que es común a todos los diputados, y que es un "pecado colectivo" pues todos lo hacen.
Planteó que existían dos opciones: o un desfile de diputados en tribunales o un arreglo político (el uso de un resquicio para hacer que la falta no sea tal, tal como se hizo con el caso sobresueldos el 2003).
Claramente la primera medida es la más democrática, pues permite que funcionen los checks and balance (que el poder tenga contrapesos). La segunda, es claramente una medida elitista, donde la clase política protege sus intereses y no los de los ciudadanos.
Como es lógico y no por eso ético, la senadora prefiere la segunda solución.
Como la virtud no es de exclusividad de una clase, ideología, credo, raza o grupo social, la perdida del arete que valoraba Aristóteles, parece ser transversal en nuestro escenario político actual.
Por eso, la ministra de Cultura, Paulina Urrutia; de Trabajo, Claudia Serrano y a la subsecretaria de Minería, Verónica Barahona, no tuvieron problemas en utilizar vehículos oficiales para asistir a una actividad de campaña de Eduardo Frei, aún cuando una orden del propio Ejecutivo, o sea de la Presidenta, impedía tal uso.
Sin embargo, y en la misma lógica de Matthei, en cuanto a que si todos lo hacen es normal y correcto, el ministro Viera-Gallo –quién además usa balizas aunque es ilegal- en apoyo a las ministras, dijo que él también usa el vehículo para actividades no propias del cargo.
En ambos casos, el mal uso de los recursos públicos, obtenidos a través de los impuestos que los ciudadanos comunes y corrientes pagan, son utilizados por las elites en pro de sus propios intereses, y peor aún esos malos usos son justificados en nombre del bien común a través de subterfugios.
Por eso, la guerra de papeles entre representantes de dos poderes del Estado en pleno Congreso y a vista y paciencia de todos, sólo muestra que la virtud (el arete), al que apelaba el gran Filósofo griego, está desaparecida casi en su totalidad en la propia “aristocracia” chilena, que más parece degradada.
Y todos ya sabemos que cuando la Aristocracia se pervierte, se convierte en Oligarquía.
-Aristóteles. (2000) La Metafísica. Colección Austral, Madrid.

miércoles, 5 de agosto de 2009

LAS FAMILIAS DEL PLOMO

El CHERNOBYL CHILENO
Por Jorge Gómez Arismendi
Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.
Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.
A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).
Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.
Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.
Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.
Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.
En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.
El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.
La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.
Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?
En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.
Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación.
El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales. El gobierno miente descaradamente.
¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?
La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.
Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.
EL BARRO SUECO QUE CONTAMINÓ ARICA
Por Jorge Montecino
Se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
En el año 1984, la empresa PROMEL, bajo la dirección de Marcos Beovic, solicitó autorización para desaduanar un producto curiosamente denominado “Barro con contenidos metálicos”, proveniente de Suecia. De esa manera se disfrazaron más de 19.314 toneladas de residuos tóxicos, que escondían altos índices de arsénico y plomo.
Hace algunas semanas, la Corte Suprema en un fallo histórico, obligó al Estado de Chile, a pagar $ 2.848 millones de pesos a un conjunto de familias afectadas.
Ante está escandalosa situación existen 2 aspectos que es preciso dilucidar. Por una parte, la responsabilidad de las autoridades de la época (1884) y las empresas involucradas. Vale decir, el Jefe del Servicio de Salud Arica y las compañías PROMEL de Chile y BOLIDEN METAL, de Suecia respectivamente.
Estos actores – bajo dictadura- son los causantes directos de la contaminación de los terrenos. Por tanto se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
Además, es necesario precisar, por que las nuevas autoridades de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, no lograron resolver el fondo del asunto y terminar con los altos niveles de contaminación y además, autorizaron la construcción de varios conjuntos habitacionales en la zona contaminada.
En el año 1993, la empresa PROMEL, solicita abandonar los curiosos “barros” y en consecuencia traslada su responsabilidad al Estado de Chile, bajo el supuesto de no poder procesar el material toxico, por su alto costo. Detrás de esta declaración, se esconde el verdadero propósito: nunca existió la intención del tratamiento de los residuos. Además, los terrenos arrendados al Ministerio de Bienes Nacionales, siempre fueron pensados como vertedero, lo que visibiliza el negocio de la muerte que instaló PROMEL con la complicidad de las autoridades chilenas.
La Corte Suprema en su fallo condenó al Servicio de Salud Arica por “no haber adoptado ninguna medida de seguridad para proteger a la población” En tal sentido, la condena incluye a las autoridades en dictadura y los gobiernos de La Concertación. Esto por que en el año 1997, las familias comienzan a presentar malestar físico que se expresan en: nauseas, dolores de cabeza, caída del cabello, desmayos y erupciones a la piel. Los más afectados resultaron ser la población infantil, que presentó altos niveles de plomo en la sangre.
Tras estos sucesos, y luego de más de 10 años, el fallo judicial, trata de reparar –aunque insuficientemente- lo que las autoridades no lograron resolver en casi 25 años, lo que resulta sinceramente inaceptable.
Respecto de las sanciones económicas- aún falta que se multe a las empresas involucradas – o sus herederos naturales – que importaron estos residuos y con ello reparar a los vecinos de Arica, que debieron vivir por años sobre los residuos exportados desde Suecia.

lunes, 3 de agosto de 2009

PIÑERA Y EL BANCO DE TALCA

LA HEPARINA DEL EMPRESARIO SEBASTIÁN PIÑERA
Por Jorge Montecino.
Son precisamente los escándalos empresariales, que complican al Piñera-político, e irrumpen en el escenario político electoral, que pudieran significar su no llegada a La Moneda.
¿Qué motivó a Mónica Madariaga para mencionar el episodio del Banco de Talca? ¿Qué pretendió el empresario Juan Claro, en los años noventa, al desencadenar el Piñera – Gate? ¿Por qué Lan Chile fue multada en 88 millones de dólares en Estados Unidos?
Parecen todas interrogantes que apuntan al relacionamiento del empresario y actual candidato presidencial, Sebastián Piñera Echeñique, con la forma y el fondo de obtener sus negocios, y por ende, la acumulación de su riqueza.
Por tanto, el nuevo escándalo de cómo eludió la justicia en el caso del “Banco de Talca”, - incluida la intervención de Pinochet- así como el desvió de cuantiosos recursos a empresas de su propiedad, mediante una triangulación especulativa y poco ética, resulta un denominador común, en la recurrente vida empresarial del candidato Presidencial.
Son precisamente los escándalos empresariales, que complican al Piñera-político, e irrumpen en el escenario político electoral, otorgándole calidad de bullicio mediático, y que evidentemente desordena la integridad ética de Sebastian Piñera. En dicho escenario, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el costo que pagará Sebastian Piñera –empresario- en su afán por llegar a La Moneda, (Piñera Político)
Parece que no existe límite posible para un obstinado y empecinado hombre de negocios, que está dispuesto a llegar a La Moneda, a cualquier precio. Algo que lo diferencia de las otras 5 fortunas más importantes del país. Dicho de otra manera, -el candidato Piñera, tiene su propia Heparina, y dice relación con su incompatibilidad entre empresario y político.
La forma de gestionar los negocios – con reparos éticos y falta de prudencia-instala el debate de fondo, respecto de la incapacidad de equilibrar negocios y política, sobre todo cuando en algunas ocasiones, la ética y las buenas costumbres, no tienen la profundidad requerida. En más de alguna oportunidad – como en los casos Lan Chile e Infinco- el empresario no escatima esfuerzos para utilizar información privilegiada y obtener beneficios para sus negocios. En el caso del Banco de Talca, la negociación con el Banco de Concepción, favoreció a Piñera y de paso dejó fuera del negocio al propio banco y los demás socios.
Lo complejo, para Sebastián Piñera – candidato, es que no puede desligarse de estos y otros episodios, por que la “Heparina empresarial” pudiera significar en el apretado escenario electoral, que aquellos electores indecisos – hacia quienes van dirigidas las campañas electorales- cambien sus preferencias. No olvidemos que la elección presidencial se pudiera definir por escasos miles de votos, y por tanto, un tropiezo de algunos de los candidatos, implicaría su no llegada a La Moneda.
ACTUAR PRIVADO Y PÚBLICO ¿DOS ÉTICAS?
Por Jorge Gómez Arismendi
Más allá de tecnicismos de toda índole para definir la inocencia o culpabilidad de Piñera en cuanto al Banco de Talca, este incidente hace pertinente la discusión en torno al nivel de coherencia ética que debe existir entre el actuar privado y público de los representantes, sobre todo en cuanto al respeto a la legalidad.
Berlusconi es probablemente el más escandaloso de los políticos actuales. Su vida privada y personal es más sabrosa para los medios que su vida política y claramente será más recordado por sus bataholas que por su gobierno.
El caso de Berlusconi, así como el de Clinton o Kennedy años atrás, nos demuestran que separar la vida privada de la pública, es muy difícil para los políticos, y que de esa colusión constante pueden salir airosos o destruidos.
En Chile la misma lógica se aplica cada vez más, y por lo mismo, nuestros políticos ya no son vistos como “honorables” ciudadanos, intachables y de una ética elevada, sino más bien como sujetos que tienen las mismas tentaciones, falencias y vicios, que el resto de los mortales.
Esta semana Piñera no ha escapado de esa lógica.
Como un fantasma que pena, un episodio de su vida privada y oculto para el electorado en general -cuando en 1982 Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude al Banco de Talca- ha salido a la luz pública de forma abismante, justo en medio de su campaña presidencial.
Más allá de tecnicismos de toda índole para definir la inocencia o culpabilidad de Piñera en dicho episodio, este incidente hace pertinente la discusión en torno al nivel de coherencia ética que debe existir entre el actuar privado y público de los eventuales representantes, sobre todo en cuanto al respeto a la legalidad, porque su legitimidad está fundada en el imperio de la ley.
Y esto ya no se trata de fideicomisos ciegos o de si es legítimo o no que alguien con mucho patrimonio económico pueda ejercer cargos públicos, sino de cómo el actuar privado se condice con el discurso público sin colisionar.
En el caso de Piñera, la colusión entre su modo de actuar privado y su imagen pública ha estado presente en otras ocasiones como el Piñeragate –aún cuando es totalmente inaceptable el espionaje en sí- o la sanción que le interpuso por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por uso de información privilegiada, al violar el deber de abstención en la compra acciones de LAN en el año 2006.
En el primer caso, claramente se podría poner en duda el actuar ético del actual candidato presidencial. En el segundo, su respeto al derecho, aún cuando Piñera atribuyo a un error de cálculo la infracción legal, pagando una multa cercana a los $ 360 millones.
En el caso del banco de Talca, durante la administración de Piñera, la entidad no sólo tenía prestados cinco veces su capital, aún cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo, sino que se fingieron exportaciones, a través de empresas de papel, según un informe del auditor Iván Goic.
¿Error de cálculo, excesivo riesgo empresarial o transgresión de la ley? No es pretensión de este artículo responder aquello.
Lo claro que si analizamos bien, Piñera parece no ser el único político que ha actuado alguna vez, al “filo” de la ley.
Así por ejemplo, hace rato que las campañas comenzaron, aún cuando la ley 19.884 prohíbe realizar propaganda dirigida directa o indirectamente a promover el voto antes de 30 días de las elecciones.
Ese es el punto de todo esto ¿Qué pasa cuando quienes harán o hacen imperar la ley la transgreden? ¿Qué pasa con la legitimidad de la ley y de esos gobernantes?
Los cuestionamientos que vive Sebastián Piñera en torno al Banco de Talca, demuestran que la separación entre vida pública y privada, para los políticos es muy difícil, aún cuando pasen muchos años. Y eso corre para todos, incluso Berlusconi.

lunes, 27 de julio de 2009

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN DE 1980: EL FOCO DEL DEBATE PRESIDENCIAL
Por Jorge Gómez Arismendi
Al igual que en el resto de Latinoamérica, el tema constitucional comienza a ser parte del debate previo a las presidenciales de diciembre, no tanto por una cuestión ideológica sino más bien porque es algo técnicamente necesario.
Desde el punto de vista neoinstitucional, las instituciones, entendidas como aquellos marcos de acción, que establecen limitaciones que estructuran la interacción humana, no son elementos estáticos en el tiempo sino que cambian con el tiempo de manera incremental.
Lo anterior sobre todo se aplica a las limitaciones formales, es decir, aquellas normas escritas como leyes, constituciones. Por una simple razón, lo individuos y sus formas de interacción cambian y con ello las mentalidades y por ende las sociedades. Mientras más rígida es una institución formal, tiene más posibilidades de quedar obsoleta en relación a las instituciones informales.
Eso es lo que ocurre con la Constitución de 1980. Fue hecha en un contexto político, social y económico totalmente distinto al actual, que determinó entre otras cosas que su génesis y elaboración estuviera marcada por un claro autoritarismo, no sólo paternalista sino también excluyente. En el 2009, esa institucionalidad formal es cada vez más anacrónica en relación al modo –cada vez más diverso- de pensar y actuar de los chilenos.
Es anacrónica, a pesar de las reformas realizadas el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. La crisis de representación que genera el sistema electoral binominal y el debate en torno a las Pastilla del Día después, son sólo algunos ejemplos de ese anacronismo y la ciudadanía esta captando eso de forma creciente.
Si bien desde hace mucho tiempo diversas organizaciones y ciudadanos en diversas ciudades del país vienen desarrollando foros y propuestas en torno a cambiar la carta fundamental, como el abogado Roberto Garretón, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central o la Asociación Americana de Juristas, el tema recién ha comenzado a manifestarse con fuerza como eje central de la carrera presidencial.
Si bien candidatos como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, y Eduardo Frei ya han planteado la necesidad de tener una nueva carta fundamental, no han logrado posicionar esto como tema eje programático y político de la próxima elección presidencial. Y es el tema.
Por lo mismo, la propuesta de constitución política de Marco Enríquez Ominami, se vuelve significativa en varios sentidos en el actual escenario presidencial.
En primer lugar, como el tercer candidato mejor posicionado, obliga tanto a Frei como a Piñera a abordar el debate constitucional de forma sustancial y seria en sus programas, no sólo como simple comentario para las cámaras ni como un tema de comisión a cuatro paredes, sino que como eje central de sus campañas políticas ante la ciudadanía.
Es decir, politiza el tema constitucional y lo hace contingente y público para la ciudadanía. No tanto por la propuesta en sí, sino por el impacto mediático que tiene Enríquez Ominami.
En segundo lugar, abre el espacio de discusión cuestionando el sistema presidencial que nos ha regido desde los inicios republicanos y que ningún sector político cuestiona, proponiendo un sistema semipresidencial con primer ministro y un parlamento unicameral. Idea que coincide con una de las comisiones del ex presidente Frei, que ya ha planteado reemplazar el sistema presidencial actual.
Más allá de las diversas propuestas, lo concreto es que el tema constitucional se está convirtiendo en el tema central de las próximas elecciones. No será la crisis mundial, ni la economía, sino una cuestión política.
Ningún candidato presidencial podrá evadir esto si no quiere perder, aunque hasta ahora lo hayan hecho.
MEO Y SU PROPUESTA CONSTITUCIONAL
Por Jorge Montecino
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
La propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, delineada por el equipo de trabajo del Presidenciable Marco Enriquez-Ominami (MEO), está generando las primeras reacciones entre los distintos sectores de la clase política chilena.
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Igual situación podría ocurrir con la idea de una sola Cámara Legislativa en el Congreso Nacional. Poner fin al Senado, por ejemplo, implicaría un cambio fundamental en el énfasis legislativo en el país y abre un debate, que al menos la clase política no está dispuesta a profundizar.
Ciertamente, la idea de revocar el mandato representativo de las autoridades, mediante la acción ciudadana, instala un desafío mayor para las autoridades. Esto ayuda a la calidad y densidad de la política y a nuevas formas de renovar la elite del país.
Otra de las propuestas planteadas, es reafirmar la figura del Estado, como garante de la educación en Chile, así como la aplicación de la figura del Plebiscito, para dirimir algunos asuntos claves para el país. Estas temáticas resultan más de consenso, siendo planteadas en el gobierno e incluso, en sectores de la derecha.
Algunos sectores del país – los gestores de la Constitución de 1980- reclaman aduciendo que las Constituciones, no se cambian todos los días y destacan el ejemplo estadounidense, que mantiene un cuerpo legislativo único y sólo genera enmiendas en su carta fundamental. Incluso aducen que las reformas aprobadas en el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron suficientes. Dichos argumentos, procuran de manera simbólica mantener una Constitución tutelar, con enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional y la prerrogativa de ciertos sectores y en especial la elite política del país.
Por tanto, el merito de MEO, y su programa de reforma constitucional, es instalar estos temas, como posibles y abordables, sobre todo en un país poco participativo, donde se privilegia la relación con la sociedad política por sobre la sociedad civil. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
Es necesario un nuevo cuerpo legislativo que supere la Constitución impuesta del año Ochenta, por que el país no sólo cambio radicalmente, sino que es una sociedad compleja, cambiante y de enormes transformaciones, tremendamente interconectada y globalizada, lo que implica constantes ajustes al marco constitucional en procura de ir cerrando la brecha entre el país legal y el país real.

viernes, 10 de julio de 2009

LEY CONTRA MANIFESTACIONES PÚBLICAS

Por Jorge Montecino.
Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.
Las manifestaciones en Chile, podrían resultar caras y con penas de cárcel para los convocantes. En medio del escenario electoral, en el Congreso se tramita una Ley, que castiga a los dirigentes de instituciones sociales o ciudadanas, por los desmanes que pudieran provocar las minorías violentas que por lo general se infiltran en las manifestaciones públicas y que apartándose de la idea inicial de la convocatoria producen destrozos en la propiedad pública y privada.
Esta Ley atenta gravemente con el derecho a manifestarse públicamente y de manera pacifica. Además criminaliza toda acción ciudadana y restringe la diversidad de opinión entre los actores sociales y ciudadanos. Resulta una medida intimidatoria, por que responsabiliza a los líderes o dirigentes máximos de una organización y por ende, una persecución que podría desmantelar o al menos disminuir claramente los liderazgos sociales o ciudadanos.
Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.
Nadie sensato, pretenderá responsabilizar – como es el cuerpo de la Ley- a las organizaciones sociales o ciudadanas por lo que ocurre durante una manifestación que por esencia, es amplia, plural y diversa, sin discriminación de ningún tipo. El control policial –intimidatorio- que se ejerce actualmente sobre los manifestantes, parece no ser suficiente, y ahora se busca que los manifestantes se pre-inscriban antes de manifestarse públicamente.
Resulta al menos curioso, que en un Chile post Neoliberal, la libertad a expresarse sea restringida mediante este tipo de legislatura, en medio de una crisis financiera global, que golpea de manera manifiesta a los sectores medios y vulnerables del país, cuya última manifestación, ante el total desamparo del mercado, es utilizar la manifestación pública, como expresión de reclamo y grito de esperanza.
Es una verdadera mordaza al derecho de expresión y un mal recuerdo de una época oscura de Chile, donde la aplicación de los artículos transitorios y la ley de Seguridad interior, se utilizaba como herramienta política. Con esta Ley se fortalece el vandalismo – que seguirá existiendo- y se intimida al ciudadano y su libertad de expresión.
DESPOTISMO BLANDO EN CHILE
Por Jorge Gómez Arismendi
Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.
La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.
El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".
Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.
Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.
Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.
Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».
Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.
Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.
El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.
Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.
«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.
En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.
La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

viernes, 3 de julio de 2009

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

HONDURAS: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DEMÓCRATAS?
Por Jorge Gómez Arismendi
El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.
La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.
Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.
Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.
Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.
Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.
Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.
No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.
La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.
En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.
HONDURAS: NADA JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO
Por Jorge Montecino.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.
La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.
Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.
La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.
Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.
Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya, - adelantamiento de las elecciones o gobierno golpista, hasta el año 2010- y su retorno al palacio de gobierno, pudiera no acontecer. Todo depende de la acción ciudadana y la presión internacional.